Ante la solicitud promovida por diversas asociaciones (no miembros de FAPOE, ) a través de la plataforma Change.org, desde FAPOE y SEDE queremos manifestar lo siguiente:
En primer lugar, reconocemos y valoramos la labor de las Asociaciones y entidades que trabajan por la defensa de los derechos y la mejora de la calidad de vida de las personas ostomizadas. Compartimos plenamente el objetivo de avanzar en apoyos reales, en visibilidad y en una atención más justa para todo el colectivo.
No obstante, consideramos necesario aclarar que el reconocimiento del grado de discapacidad no puede ni debe establecerse mediante un porcentaje fijo e igual para todas las personas ostomizadas. El sistema vigente en España, regulado por el Real Decreto 888/2022, se basa en una valoración individualizada del impacto que la situación de salud produce en la vida de cada persona, atendiendo a factores médicos, psicológicos y sociales. La discapacidad no se determina por un diagnóstico en sí mismo, sino por las limitaciones concretas que ese diagnóstico genera en cada caso.
Desde esta perspectiva, dos personas ostomizadas pueden presentar realidades muy distintas. Una puede haber alcanzado una buena adaptación funcional y llevar una vida plenamente activa, mientras que otra puede convivir con complicaciones persistentes, fugas, hernias, dolor, alteraciones cutáneas, afectación psicológica, limitaciones laborales o secuelas derivadas de su/s enfermedad/es de base o de su/s cirugía/s. Precisamente por eso, una asignación automática del 33% a todas las personas ostomizadas no reflejaría esa diversidad y podría generar situaciones injustas.
La ostomía, además, no es una realidad homogénea. Existen distintos tipos de ostomía, temporales o permanentes, con o sin complicaciones, y con niveles muy diferentes de autonomía, recuperación y adaptación. Reducir esta complejidad a un único porcentaje supondría simplificar en exceso una realidad muy diversa. Lo que puede ser una limitación relevante en una persona, en otra puede no alcanzar ese mismo grado de afectación, y en otras muchas la valoración final puede incluso superar el 33% cuando se analizan de forma completa todas las circunstancias concurrentes.
Conviene recordar, además, que el 33% no es una categoría médica, sino un umbral administrativo con consecuencias jurídicas y sociales concretas. Su reconocimiento da acceso a determinados beneficios y medidas de protección, pero precisamente por eso debe apoyarse en criterios objetivos, homogéneos y ajustados a la situación real de cada persona. Convertir ese umbral en una cifra automática para todo un colectivo, sin atender a la valoración individual, no fortalecería sus derechos; al contrario, podría debilitar la credibilidad de la reivindicación y generar efectos no deseados sobre otros colectivos y sobre el propio sistema de valoración. También consideramos importante subrayar que la petición, tal y como ha sido formulada, puede transmitir un mensaje incompleto sobre la realidad de la ostomía. La ostomía no define por sí sola a una persona ni determina automáticamente su grado de discapacidad. Vincular ambas cuestiones de forma directa puede alimentar una imagen reduccionista, poco inclusiva y potencialmente estigmatizante, que no refleja la evolución asistencial, científica y social alcanzada en los últimos años.
En este sentido, queremos poner en valor el trabajo desarrollado por la Sociedad Española experta en Estomaterapia (SEDE) así como el esfuerzo de profesionales, asociaciones y pacientes en la mejora de la atención a la ostomía, la defensa de derechos, la normalización y la lucha contra la estigmatización. Mucho se ha avanzado en los últimos años, y no creemos que sea positivo retroceder hacia un planteamiento que pueda reabrir tabúes o transmitir la idea de que la ostomía constituye por sí misma una discapacidad uniforme.
Por todo ello, entendemos que el objetivo no debe ser fijar un porcentaje único para todas las personas ostomizadas, sino garantizar que cada caso sea valorado correctamente, con toda su complejidad, y que se informe mejor sobre cómo funciona el procedimiento actual, qué documentación debe aportarse, qué elementos se tienen en cuenta y cómo recurrir cuando una resolución no se ajusta a la realidad de la persona.
Desde FAPOE defendemos una reivindicación basada en la información, la transparencia, la individualización de la valoración y la eliminación de barreras, no en soluciones uniformes que puedan perjudicar a parte del colectivo. Reafirmamos nuestro compromiso con todas las personas ostomizadas y con la defensa de sus derechos desde una perspectiva rigurosa, inclusiva y ajustada a la realidad.
Por último, reiteramos nuestra disposición al diálogo y proponemos mantener una videollamada o reunión para abordar este asunto con serenidad, compartir criterios y avanzar hacia una comunicación común que realmente represente a todo el colectivo.